En los últimos 20 años, Paraguay se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos para la industria maquiladora en Sudamérica. Bajo un régimen legal que ofrece ventajas fiscales significativas, el modelo ha contribuido a posicionar al país dentro de las cadenas productivas regionales y a diversificar las exportaciones. En un contexto donde la informalidad laboral alcanza al 62,5%, el sector maquilador genera empleo formal para más de 35.000 personas. A simple vista, el acuerdo parece ideal: el inversionista gana, el país produce y miles de personas acceden a un empleo formal.
Sin embargo, al observar el modelo con mayor detenimiento surge una pregunta inevitable: ¿es realmente tan beneficioso el régimen de maquila para nuestro país? El principal incentivo es el impuesto del 1%, pero este beneficio tiene una contrapartida: el Estado deja de percibir un 9% del valor que estas empresas generan. Esto crea una competencia desigual para las industrias locales, que deben pagar un 10% para operar en las mismas condiciones. En el ámbito laboral, si bien el sector genera empleo, persisten cuestionamientos sobre la calidad del trabajo: la rotación supera el 30% anual, las condiciones suelen ser exigentes con jornadas que llegan a 12 horas y, en algunos casos, afectan a menores de edad con exigencias de adultos. Sin sindicatos que defiendan sus derechos, los empleados quedan vulnerables ante un modelo que, hoy por hoy, parece priorizar la rentabilidad rápida sobre el bienestar humano y el desarrollo industrial del Paraguay.