Paraguay se consolida como un destino competitivo para la inversión en América Latina, impulsado por su estabilidad macroeconómica, carga tributaria competitiva y bajos costos operativos permitiendo destacar frente a otros países. En este contexto, en septiembre del 2025 se promulga una nueva ley que establece un régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera, reemplazando la antigua Ley 60/90. Este marco tiene cómo objetivo atraer capital, promover la producción, generar empleo e incorporar tecnología, además de fortalecer la seguridad jurídica para los proyectos productivos.
Entre los principales beneficios se incluyen exoneraciones del impuesto aduanero para la importación de bienes de capital, exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y beneficios adicionales para proyectos de mayor escala. Los proyectos que superan los USD 13 millones pueden acceder a exoneraciones del Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) y del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) por un periodo de diez años. El régimen también introdujo cambios institucionales para fortalecer la evaluación y supervisión de los proyectos, estableciendo un Consejo de Inversiones como órgano técnico integrado por entidades públicas junto con representantes del sector productivo. Más allá del diseño normativo, la pregunta central es si el régimen genera inversión adicional o si simplemente terminará beneficiando proyectos que se habrían ejecutado aún sin el incentivo. El verdadero impacto dependerá de su implementación.